Déjame vivir

¡Déjame vivir, no me mates!

Guatemala fortalece acciones contra la cacería y el tráfico ilegal de fauna silvestre
El Consejo Nacional de Áreas Protegidas lanza la campaña ¡Déjame vivir, no me mates!, con el fin de
informar y sensibilizar sobre la función estratégica de la vida silvestre para mantener en buen estado el
funcionamiento de los ecosistemas naturales y la provisión de los bienes y servicios para la vida y
productividad de la sociedad guatemalteca, la importancia de su protección y conservación
promoviendo acciones responsables que contribuyan a prevenir y contrarrestar su cacería. Guatemala es
reconocido como uno de los países megadiversos en el mundo, al albergar una gran riqueza de especies,
ecosistemas y recursos naturales. Esta biodiversidad constituye un patrimonio natural invaluable y un
elemento fundamental para el desarrollo sostenible, el bienestar humano y la identidad del país. Cada
especie cumple una función esencial dentro de los ecosistemas, por lo que proteger la fauna silvestre
también significa proteger el agua, los bosques, la seguridad alimentaria y el futuro de las próximas
generaciones.

La cacería, sin importar su forma, amenaza la vida silvestre y el equilibrio de los ecosistemas, el consumo
ilegal, con fines de trofeo, tráfico o comercio ilegal: todas ponen en riesgo a especies que cumplen un rol
vital en la naturaleza. Detrás de cada disparo hay un bosque que pierde vida y cada animal que
desaparece rompe con el equilibrio que sostiene los ecosistemas y futuro de la población, además es
importante hacer énfasis en que la cacería no solo mata, también genera sufrimiento, miedo y un impacto
irreversible en la biodiversidad, ante ello no es necesario verlo para entender que es una práctica que
debe detenerse.

La protección de la biodiversidad está estrechamente relacionada con el desarrollo sostenible del país. La
conservación de la fauna silvestre contribuye a mantener recursos naturales esenciales como el agua, los
bosques, el equilibrio de los ecosistemas y la productividad económica del país.
Guatemala cuenta con la Estrategia Nacional contra el Tráfico Ilegal de Vida Silvestre (2020–2029), un
instrumento de política pública orientado a prevenir, controlar y reducir las actividades ilícitas que afectan
a la fauna y flora silvestres del país. Esta estrategia reconoce que el tráfico ilegal de vida silvestre es un
fenómeno complejo, estrechamente vinculado a prácticas como la cacería furtiva, la tenencia ilegal y la
comercialización no autorizada de especies y sus derivados.

En este marco, se establece como línea de acción prioritaria el desarrollo e implementación de
campañas permanentes de comunicación y sensibilización, dirigidas a reducir la demanda y fortalecer el
conocimiento ciudadano sobre la normativa vigente. Estas acciones buscan promover una cultura de
legalidad y corresponsabilidad social, reconociendo que la problemática no puede abordarse
únicamente desde el control y la sanción, sino también mediante la prevención y el cambio de
comportamiento en la población.

La cacería aunada a la alta presión sobre los ecosistemas naturales constituye una de las principales
amenazas para la biodiversidad, al generar impactos directos sobre las poblaciones de fauna silvestre e
impactos indirectos sobre los ecosistemas, alterando procesos ecológicos esenciales como la dispersión
de semillas, las dinámicas tróficas y la regeneración natural de los hábitats.

En Guatemala, la cacería está regulada por la Ley General de Caza (Decreto No. 36-04), que permite
únicamente un aprovechamiento sostenible, en función del estado de salud de las poblaciones silvestres.
La legislación establece prohibiciones claras, entre ellas la caza de especies protegidas o en veda,
Asimismo, se prohíbe la caza en áreas protegidas, el uso de trampas, venenos o medios no autorizados, así
como la comercialización de fauna silvestre en mercados, restaurantes, tiendas y otros establecimientos.
El incumplimiento de estas disposiciones constituye delito, sancionado con penas de prisión de cinco a
diez años y multas que oscilan entre Q10,000 y Q20,000, de acuerdo con la Ley de Áreas Protegidas 4-89.
La ley también establece que la protección de la fauna silvestre es una responsabilidad colectiva,
declarando la acción penal pública y promoviendo la participación ciudadana en la denuncia de estas
prácticas.

A pesar de este marco normativo, la cacería persiste y mantiene un vínculo directo con el tráfico ilegal de
vida silvestre, ya que muchos ejemplares cazados son destinados a circuitos de comercialización ilegal
como carne, mascotas, trofeos o derivados. Esta dinámica incrementa la presión sobre las especies al
introducir incentivos económicos que perpetúan la actividad.

Ante este contexto, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP), como ente rector en la materia,
impulsa acciones integrales que combinan regulación, control, educación ambiental y participación
comunitaria. La evidencia científica señala que el involucramiento de las comunidades locales y la del
resto de la sociedad guatemalteca, la reducción de su demanda son elementos clave para disminuir la
cacería ilegal y garantizar la conservación de la biodiversidad.

La campaña nacional contra la cacería furtiva se alinea directamente con los objetivos de la Estrategia
Nacional, promoviendo un enfoque preventivo basado en la sensibilización, la educación ambiental y la
reducción del apoyo social a estas prácticas. Al desincentivar la compra, el consumo y la
comercialización de fauna silvestre, se busca debilitar los eslabones iniciales de la cadena del tráfico
ilegal. Y se insta a la denuncia responsable.

Proteger la fauna silvestre es una responsabilidad compartida que asegura la productividad de

Guatemala.

Cada decisión cuenta. No cazar también es una decisión.

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