Presidente Bernardo Arévalo intervino en la Segunda Conferencia CAF/PNUD: Gobernanza en América Latina y El Caribe

PRESIDENTE BERNARDO ARÉVALO. ORADOR PRINCIPAL EN CONFERENCIA ANUAL CAF/PNUD. GOBERNANZA PARA EL DESARROLLO EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

NUEVA YORK, ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. LUNES, 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

Muchas gracias a ustedes, en primer lugar, por invitarme, y correrse el riesgo de que este paracaidista, de alguna manera, no rompa la lógica del diálogo que viene.

Porque cuando alguien viene y tiene que entrar así y tiene que salir, lo hace arriesgándose a que sus palabras no terminen de estar en coherencia con lo que se viene discutiendo alrededor.

Pero espero que al final, lo que tenemos todos muy claro, y son que los retos que hay para la gobernanza y el desarrollo en América Latina nos sirva para, de alguna manera, ayude para que este paracaidista aterrice un poquito más dignamente en el terreno de esta conferencia.

Pero en todo caso espero que estas, algunas, reflexiones le sirvan.

Bueno, lo primero es por supuesto agradecer la invitación y señalar la importancia del espacio porque, efectivamente, la región necesita hacer una reflexión profunda en términos de la relación entre gobernanza y el desarrollo, tanto en la comprensión de los orígenes de la crisis de las instituciones que hemos venido atravesando, como en la necesidad de entender sobre esa base la salida hacia un futuro en donde estos déficits vayan siendo satisfechos.

Yo he tenido el honor de asumir la presidencia de la República desde este 15 de enero en un contexto complejo que ha estado marcado por los intentos de vulnerar la voluntad popular por parte de actores corruptos y antidemocráticos.

La movilización ciudadana, en particular la de los pueblos indígenas y de la sociedad civil, ofreció el respaldo necesario para garantizar una transición pacífica del gobierno y la continuidad del proceso de democratización que iniciamos en 1985.

Y tal vez un simple recordatorio para cada uno de nosotros, no únicamente en América Latina, sino en el mundo, incluyendo en el país que hoy nos hospeda, y es que el proceso de democratización nunca cesa. Es una lucha continua y nunca se llega al puerto, siempre se continúa navegando y reforzando las instituciones democráticas.

Aunque la movilización social en Guatemala demostró el firme compromiso del pueblo con la democracia, mi país aún se encuentra en una encrucijada. Los acuerdos de paz firmados en 1996 bajo los auspicios de las Naciones Unidas propiciaron importantes avances en la consolidación de la paz, la democracia y el Estado de Derecho.

Sin embargo, casi tres décadas después de esa coyuntura histórica, enfrentamos retos que podrían revertir esos logros y propiciar una reversión autoritaria.

En este contexto, Guatemala ejemplifica tanto los desafíos como las oportunidades presentes en nuestra región. Las elecciones de 2023 fueron una señal de esperanza y cambio para la mayoría de los guatemaltecos.

Sin embargo, también evidenciaron los riesgos asociados a la inestabilidad política y a la persistencia de prácticas corruptas que socavan la democracia.

Esta dualidad nos recuerda que el camino hacia una gobernanza efectiva está lleno de retos, pero también de posibilidades de transformación.

Como muestra el análisis que presentan hoy CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe) y PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, los países de América Latina y el Caribe enfrentan desafíos complejos y urgentes.

Estos desafíos reflejan en gran medida las tensiones derivadas de un crecimiento económico insuficiente y los limitados avances en la reducción de la pobreza y las desigualdades.

Las dinámicas de exclusión que resultan de este estado de cosas amenazan la estabilidad y la cohesión social, alimentando lógicas polarizadoras que ponen en riesgo la paz y el desarrollo.

El informe de CAF y PNUD destaca las implicaciones políticas de las limitadas capacidades de los estados latinoamericanos para proveer servicios básicos y cumplir funciones críticas.

La reforma fiscal redistributiva y progresiva, la profesionalización del servicio civil y la descentralización efectiva de la administración pública siguen siendo tareas pendientes en nuestra región. La violencia y la inseguridad continúan siendo una preocupación central para nuestras sociedades.

Y estos déficits, podrían legitimar y a menudo legitiman respuestas autoritarias y represivas que vulneran derechos fundamentales.

Durante la última década hemos sido testigos de una preocupante erosión en el apoyo ciudadano a la democracia.

Los diálogos regionales de CAF y PNUD destacan el efecto corrosivo de la corrupción sobre la confianza en las instituciones públicas y en la democracia como sistema de gobierno.

Las protestas sociales que hemos presenciado en los últimos años son una clara llamada de atención.

Nuestros pueblos están perdiendo la paciencia y exigen cambios rápidos, exigen ver resultados. La desigualdad, las limitadas capacidades estatales y la desconfianza en las instituciones están debilitando los fundamentos del contrato social que sustentan nuestra convivencia.

En este contexto es esencial rescatar el valor de la política como mecanismo vital para reducir la polarización y construir consensos en torno a las prioridades nacionales. Solo mediante el diálogo y la colaboración podremos impulsar el desarrollo sostenible que nuestros pueblos merecen y que reclaman.

Ante esta realidad mi gobierno ha establecido espacios de diálogo con autoridades indígenas y ancestrales, con organizaciones campesinas, con grupos del sector privado.

Estamos atendiendo prioridades largamente postergadas y trabajando con determinación para fortalecer las relaciones entre el Estado y la sociedad.

A mediano plazo, proponemos construir acuerdos nacionales, grandes acuerdos, en cuatro áreas críticas: salud, educación, medio ambiente y desarrollo sostenible.

Y estos acuerdos nacionales permitirán que demos un paso cualitativo en nuestro desarrollo y nos ayudarán a prepararnos para afrontar los grandes retos de nuestra época, reconociendo claramente que nuestros cuatro años de gobierno son simplemente la oportunidad para sentar las bases de un nuevo desarrollo.

En cuatro años vamos a poder sencillamente cambiar la dirección en la que se mueve el buque y es importante lograr que esto se haga por medio de un consenso entre los distintos actores.

A ocho meses de comenzar nuestra gestión, Guatemala ha iniciado un proceso de transformación hacia un país más justo y próspero.

Aunque el éxito de nuestro país puede ayudar a desatar dinámicas positivas en otros países de la región, el camino hacia una gobernanza efectiva en América Latina y el Caribe requiere un compromiso colectivo.

Los desafíos que enfrentamos trascienden fronteras y requieren respuestas coordinadas en el espacio regional.

Creo, firmemente, que sólo a través de la colaboración regional e internacional podremos construir sociedades más justas, inclusivas y resilientes ante las crisis globales.

Es necesario promover una agenda que ponga a las personas en el centro, basada en los valores democráticos y en los derechos humanos como pilares fundamentales.

Juntos podremos avanzar hacia un futuro más equitativo, pacífico y sostenible. Hay quienes dicen que caminando solo se puede ir más rápido, pero que caminando juntos se puede llegar más lejos.

Cuenten con Guatemala para avanzar con ese propósito.

Muchas gracias.