Presidente Bernardo Arévalo resalta que diálogo con pueblos indígenas debe avanzar a una relación permanente e igualitaria

PRESIDENTE BERNARDO ARÉVALO. INTERVENCIÓN EN FORO “AVANCES Y DESAFÍOS A 30 AÑOS DE LA RATIFICACIÓN DEL CONVENIO 169 DE LA OIT POR GUATEMALA”

MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.

PATIO DE LA PAZ. PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA. MIÉRCOLES, 12 DE AGOSTO DE 2026.

                                      

 

Muy buenos días estimados amigos y amigas, antes que nada.

Autoridades indígenas y ancestrales.

Compañeros y compañeras del Gabinete y del Equipo de Gobierno.

Representantes de la comunidad internacional, de organizaciones de mujeres, sindicales, de la sociedad civil, al final guatemaltecas y guatemaltecos de los cuatro pueblos que formamos esta nación.

Esta mañana se han tenido reflexiones valiosas sobre lo que significa 30 años de vigencia del Convenio 169 en Guatemala y agradezco a cada una de las personas que han compartido aquí su palabra y su experiencia.

Sus voces le dan sentido real a esta conmemoración, porque conmemorar, más que ver hacia atrás, es preguntarnos con honestidad qué hemos avanzado y qué nos falta todavía recorrer.

El Convenio 169 llegó a Guatemala por el camino de la paz.

Fue un compromiso asumido en el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos indígenas y como tal, es un elemento indispensable de nuestra convivencia política en paz.

Cuando el Congreso lo ratificó en 1996, el Estado reconoció explícitamente algo que nunca debió haber estado en duda: que los pueblos indígenas son sujetos plenos de derecho, con instituciones, idiomas y formas que esta nación está obligada a respetar y a proteger, no solo a reconocer.

Que las personas indígenas cuentan, que su cultura cuenta, que sus opiniones, sus demandas, sus inquietudes deben ser tomadas en cuenta y especialmente cuando se trata de decisiones que afectan la vida de sus comunidades, la vida de sus territorios.  

Nuestro país acumuló una deuda histórica muy profunda con los pueblos originarios.

Es imposible sanar en unos años una herida que se construyó de forma constante y cotidiana durante siglos, a lo largo de generaciones.

Sin embargo, nuestro gobierno, un gobierno que existe en buena medida por el liderazgo cívico que manifestaron los liderazgos indígenas, está sentando hoy las bases de una nueva relación entre el Estado y esos mismos pueblos.

Desde el primer día decidimos que la relación con los pueblos originarios no se limitaría, como ha sido en el pasado, a gestos simbólicos.

Nos comprometimos a una relación horizontal de trabajo conjunto.

Por eso instalamos el diálogo permanente entre la Presidencia y las autoridades indígenas ancestrales.

Más de 25 asambleas que han tenido lugar en este Palacio Nacional. Mañana tendrá lugar otra más, en las que se habla de salud, de educación, de territorio, de presupuesto, de los derechos de las mujeres, del futuro de los idiomas.

Y por eso, porque se celebra acá a ese nivel, ese diálogo baja al territorio.

En el marco de ese diálogo llevamos más de 15 agendas territoriales firmadas con pueblos y comunidades en todo el país.

Esas agendas no son expresiones de buena voluntad, son compromisos que los ministerios y secretarías tienen responsabilidad de ejecutar y a los que las autoridades ancestrales le dan seguimiento y fiscalización.

Y ese ha sido nuestro método: respetar, reconocer y proteger lo que los pueblos ya construyeron con su propia sabiduría, escucharlos y avanzar junto a ellos en cada territorio y reformar las instituciones del Estado para que este diálogo no dependa de la voluntad de un gobierno, sino que se vuelva parte integrada de la forma como funciona la institucionalidad del Estado guatemalteco.

El Convenio 169, ratificado por Guatemala en 1996, no concibe la consulta como un trámite administrativo adicional.

La concibe como la expresión concreta del derecho de los pueblos indígenas a decidir sus propias prioridades en lo que atañe a su desarrollo, tal como lo establece su artículo siete y su artículo seis, nos obliga como Estado a consultar de buena fe y de una manera apropiada, con la finalidad de llegar a un acuerdo.

Eso quiere decir que el diálogo, cuando se hace como se debe hacer, no es un instrumento para legitimar decisiones que ya se tomaron previamente.

Es el mecanismo mismo con el que se construye la legitimidad de la política pública.

Por eso, cada espacio de diálogo continuo con las autoridades y organizaciones indígenas cuando se trata de la tierra, del territorio, de los recursos naturales, de la infraestructura en sus regiones, de los modelos de desarrollo que queremos para el país, es una forma de darle cumplimiento a este convenio.

No sustituye de ninguna manera a los procesos formales de consulta previa que están ya establecidos en la jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad.

Pero sí forma parte de esa buena fe que el Convenio exige como estándar de conducta del Estado.

Y quiero detenerme en algo que a veces se subestima y es el hecho de que la calidad de un diálogo depende de la asimetría que se da, que se establece y que se construya entre quienes dialogan.

Cuando un Estado delega la interlocución con las autoridades indígenas únicamente a niveles técnicos o intermedios, el mensaje que se envía, aunque no se diga con esas palabras, es que se trata de un asunto menor, un asunto, cuestión de gestión.

No es un asunto de suficiente relevancia, es un asunto secundario.

Y eso, históricamente, ha sido una de las causas de la desconfianza entre los pueblos indígenas y el Estado guatemalteco.

La sensación que no se dialoga con ellos de igual a igual.

Por eso decidimos que este diálogo se diera al más alto nivel entre el Presidente de la República y las autoridades indígenas reconocidas por sus comunidades.

Lo hicimos convencido de que eso tiene un valor que va más allá del protocolo y de las formalidades administrativas.

Reconoce el estatus político de las autoridades indígenas como interlocutores contrapartes con capacidad de decisión y no como beneficiarios de una política que se diseña para ellos, pero sin ellos.

Da certeza de que actuamos de buena fe, porque ese estándar del Convenio 169 se mide, entre otras cosas, por la disposición real de un Estado a comprometer a su más alta autoridad en el proceso y no solo a su aparato técnico.

Y fortalece nuestra gobernabilidad democrática.

Porque en un país con la historia de exclusión, discriminación y racismo que tiene Guatemala, ese diálogo simétrico desde la Presidencia es también un acto de reparación simbólica que incide directamente en la estabilidad de cualquier política pública que se implemente, especialmente cuando toca implementar en territorio de los pueblos originarios e indígenas.

Este camino nos ha enseñado algo que nuestro Estado ha tardado demasiado en admitir.

Los pueblos han gobernado bien sus comunidades desde mucho antes que existieran las instituciones oficiales.

Han administrado justicia, han cuidado el agua y los bosques, han resuelto conflictos, han sostenido la paz social.

Reconocer esos sistemas propios de autoridad fortalece a nuestra República, que sin ellos queda parcial e incompleta.

Una democracia se fortalece cuando reconoce que el poder no radica únicamente en las instituciones del Estado, sino que se construye también desde los pueblos y las comunidades.

Por eso, escuchar y dialogar junto a los pueblos indígenas no debilita nuestra democracia. No es un obstáculo o una formalidad que cumplir.

 La hace más completa, la hace más plural, la hace más representativa y sobre todo, la hace legítima.

Guatemala será una democracia más fuerte cuando todas las voces tengan un lugar real en las decisiones que definen nuestro futuro.

El Convenio 169 nació en la Organización Internacional del Trabajo y ese origen nos recuerda que la igualdad está en juego todos los días en el mundo del trabajo.

Los datos que hemos conocido, que ustedes han visto esta mañana, muestran brechas que no podemos aceptar como normales en la calidad del empleo, en los ingresos, en la protección social, en el acceso a los servicios, en el propio idioma.

Cerrar estas brechas es responsabilidad de todo el Estado y reconozco al Ministerio de Trabajo y Previsión Social por poner estos temas en el centro de la agenda pública de la mano de la OIT.

30 años después, el corazón del convenio sigue siendo el mismo: la participación de los pueblos indígenas en las decisiones que afectan sus vidas y sus territorios.

Esa participación no es una concesión ni un trámite, es un derecho.

Nuestro gobierno la practica de manera permanente en el diálogo con las autoridades ancestrales y seguiremos construyendo junto a los pueblos los mecanismos que le vayan dando plena certeza a esta relación.

En ese propósito, estamos iniciando un proceso de trabajo junto con las autoridades indígenas que participan en este espacio de diálogo para definir el mecanismo más adecuado que profundice la aplicación del Convenio 169 y garantice el seguimiento de este proceso en el futuro.

Lo hacemos con el apoyo del Fondo de Consolidación de la Paz de las Naciones Unidas a través de tres de las agencias de la organización: la OIT, el PNUD y ONU Mujeres.

Muchas gracias a estas organizaciones por su participación.

Y lo hacemos convencidos de que este diálogo no puede depender de la voluntad de quien esté, en un momento determinado, ocupando la Presidencia de la República.

Tiene que sobrevivir a los gobiernos, tiene que convertirse en una práctica permanente del Estado guatemalteco, más allá de quienes sean los próximos presidentes, él o la próxima presidente de este país.

Tiene que institucionalizarse porque el desarrollo de Guatemala que Guatemala necesita solo podrá ser legítimo y duradero si se decide con los pueblos, y nunca más sin los pueblos. Nunca más a sus espaldas.

Dentro de 30 años, otras generaciones se reunirán a evaluar lo que nosotros, todos nosotros, estamos haciendo hoy.

Mi deseo es que encuentren un país donde ser indígena no sea motivo de exclusión, donde los idiomas de los pueblos abran puertas en las escuelas, en el centro de salud y en el juzgado.

Donde las niñas y los niños de los cuatro pueblos crezcan sabiendo que esta nación es suya desde siempre, porque la construyeron sus abuelas y sus abuelos.

Un país que no busca borrar las diferencias entre el pueblo maya, el pueblo garífuna, el pueblo xinka y el pueblo ladino o mestizo, sino que aprende a sostenerse sobre ellas.

Una sola nación, diversa, plurilingüe, multicultural, rica.

Ese es el compromiso que renovamos hoy en este Patio de la Paz.

Una paz que para ser completa, tiene que ser también una paz con justicia, dignidad e igualdad para todos los pueblos en Guatemala.

 

Muchas gracias.