CIV activa vigilancia ética y mecanismos de denuncia institucional

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Con el objetivo de fortalecer la transparencia, integridad y compromiso institucional, la Unidad de Asuntos de Probidad y la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), impartió una capacitación al personal y prestadores de servicios de todas las unidades, enfocada en el contenido y la aplicación del Código de Ética institucional. 

Durante la jornada se presentaron los principios que rigen la conducta de quienes laboran o prestan servicios al ministerio, destacando valores como el respeto, la veracidad, la imparcialidad, la eficiencia, la austeridad y el decoro. El documento oficial —emitido mediante Acuerdo Ministerial 524-2025— se constituye como una guía para la actuación ética y responsable de todo el personal.

En la capacitación se explicaron las funciones del Comité de Ética, encargado de monitorear, velar y promover el cumplimiento de las normas éticas. Este comité estará conformado por delegados de cada unidad, seleccionados ad honorem por un período de dos años, con al menos un año de experiencia en el CIV y reconocida honorabilidad. Entre sus responsabilidades destacan la interpretación del código, la evaluación de actividades y el seguimiento de denuncias éticas, en coordinación con Recursos Humanos y la Asesoría Jurídica.

Asimismo, se dieron a conocer los mecanismos disponibles para la presentación de denuncias administrativas o posibles delitos: a través del número telefónico: 1514, por correo electrónico: civdenuncias@civ.gob.gt o directamente en la Unidad de Probidad ubicada en el cuarto nivel del Edificio Italia. Las denuncias pueden ser anónimas, confidenciales o abiertas, y están orientadas a combatir prácticas corruptas o contrarias a la normativa vigente.

María Guadalupe Alvarado, jefa de la Unidad de Asuntos de Probidad, enfatizó que “la ética es decir: '¡no!', romper con esa cultura de ‘así se ha hecho siempre’. El compromiso ético comienza con cada uno de nosotros”.

Cada participante firmó una declaración en la que reconoce y se compromete a cumplir el Código de Ética en el ejercicio de sus funciones, reiterando el papel que desempeña el CIV en la construcción de una administración pública libre de corrupción y al servicio del interés colectivo.

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