Dan a conocer avances de cartera de proyectos del Fondo para la Consolidación de la Paz, de Naciones Unidas (PBF) en Guatemala

Guatemala, junio de 2026. El Comité Ejecutivo del Fondo para la Consolidación de la Paz, de Naciones Unidas (PBF, por sus siglas en inglés) se reunió para efectuar una revisión estratégica de la ejecución de la cartera de proyectos en Guatemala durante el primer semestre de 2026 y conocer los preparativos para una nueva fase de elegibilidad del país a ese fondo.

El PBF es el mecanismo financiero principal de la ONU para invertir en prevención de conflictos y consolidación de la paz, en alianza con el Sistema de las Naciones Unidas (SNU), autoridades nacionales y subnacionales, organizaciones de sociedad civil, organizaciones regionales e instituciones financieras multilaterales.  

En la reunión de trabajo, presidida por el Representante Residente del SNU en Guatemala, Miguel Barreto, y el titular de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN), Carlos Mendoza, participaron funcionarios públicos, representantes del fondo, del SNU, sociedad civil y de países donantes.

En la apertura, luego de informar de los objetivos de la reunión, Barreto hizo un llamado a aprovechar el espacio de retroalimentación no solo para saber cómo se encuentra la implementación de los proyectos, sino también para pensar en los retos y oportunidades que tiene por delante el país. En ese contexto, resaltó que Naciones Unidas se ha comprometido a acompañar los esfuerzos nacionales alineados a la Política General de Gobierno.

El Representante Residente del SNU, Miguel Barreto, informó que la reunión tuvo tres propósitos:

• Conocer el avance de los proyectos vigentes en este semestre.  
• Brindar un resumen global del estado de la cartera y presentar los avances más estratégicos logrados durante estos 5 años de implementación para la retroalimentación y orientación del comité.
• Informar sobre el proceso de solicitud de Guatemala a una nueva fase de elegibilidad de cinco años (2026-2030) en el PBF.

Por su parte, el Director de Análisis y Seguimiento de la Cooperación para el Desarrollo, José Chavarría, informó que durante la reunión de trabajo se abordaron insumos técnicos clave para respaldar una eventual nueva fase de elegibilidad de Guatemala ante el PBF.

Entre ellos destacó el análisis de conflictos elaborado en 2025 por una consultoría independiente, el cual permite identificar la localización, características, actores y dinámicas de la conflictividad en el país, así como posibles rutas para su prevención, atención y transformación.

Asimismo, se presentó la evaluación independiente de la cartera de proyectos PBF 2020–2025, que recoge avances, aprendizajes, desafíos y recomendaciones para orientar futuras intervenciones. El informe señala que el 70 por ciento de los productos definidos en la cartera de proyectos fueron cumplidos, lo que indica un buen avance, se informó. 

Chavarría explicó que estos insumos fueron complementados con ejercicios participativos realizados durante mayo y junio, en los que instituciones de Gobierno, el Sistema de Naciones Unidas y otros actores relevantes analizaron posibles áreas geográficas, temáticas prioritarias, tipos de intervención, riesgos y oportunidades de articulación para una nueva etapa de cooperación. Estos espacios permitieron avanzar en la identificación preliminar de prioridades vinculadas con la prevención y transformación de conflictos agrarios, sociales y ambientales, así como con la promoción del Estado de Derecho, la democracia y una cultura de paz.

Los aprendizajes

El titular de la SEGEPLAN, Carlos Mendoza, destacó que la evidencia presentada durante la reunión deja varios aprendizajes importantes. Uno es que la conflictividad en Guatemala sigue teniendo una dimensión profundamente territorial. “Los conflictos agrarios, territoriales, socioambientales, sociales y político-electorales no son hechos aislados: expresan brechas históricas, debilidad institucional, falta de confianza, ausencia de respuestas oportunas y, en algunos casos, la presencia creciente de actores que se aprovechan de esas fragilidades”, comentó.

En ese sentido, indicó que el análisis de conflictividad registra 571 casos agrarios y territoriales, 276 conflictos sociales o “por bienestar” y 55 político-electorales; en materia socioambiental, Petén, Alta Verapaz e Izabal concentran el 58 por ciento de la conflictividad reportada.

Comentó que al hablar del PBF no se trata solamente de una cartera de proyectos, sino que “estamos hablando de algo mucho más importante: de las capacidades que Guatemala necesita fortalecer para gestionar sus conflictos, sostener su democracia y construir desarrollo desde los territorios”.

Añadió que eso es particularmente importante en un país como el nuestro, “donde la paz no puede entenderse como una condición ya resuelta, ni como una palabra decorativa. La paz se construye todos los días. Se construye cuando el Estado escucha. Se construye cuando las comunidades encuentran canales legítimos para plantear sus demandas. Se construye cuando las instituciones coordinan mejor. Se construye cuando los conflictos no se ignoran, no se reprimen, no se administran tarde, sino que se previenen y se transforman”.

Añadió que otro aprendizaje es que el mayor valor del PBF no está únicamente en los recursos que moviliza, sino en las capacidades que ayuda a instalar. La evaluación independiente del ciclo 2020-2025 revisó 13 proyectos por 27.67 millones de dólares y muestra “que el Fondo ha servido para abrir diálogo, articular instituciones, fortalecer liderazgos comunitarios, promover participación de mujeres y juventudes, y sostener procesos en temas políticamente sensibles y territorialmente complejos”, finalizó Mendoza.