El Gobierno de Guatemala ratifica su compromiso en la lucha contra la corrupción
El Gobierno del Presidente Alejandro Giammattei ratifica con acciones concretas su convicción de prevenir, combatir y erradicar la corrupción desde el seno del Organismo Ejecutivo, compromiso que se ha revalidado, además, con una serie convenios por la transparencia en la gestión pública suscritos en el ámbito internacional.
Desde el primer día de su gestión, el mandatario creó la Comisión Presidencial Contra la Corrupción (CPCC), responsable de la investigación administrativa de la posible comisión de actos deshonestos cometidos por funcionarios, servidores públicos y personas individuales y jurídicas en las entidades del Ejecutivo.
La CPCC ha presentado 17 denuncias ante el Ministerio Público y 2 ante la Contraloría General de Cuentas, e investiga 112 alertas admitidas por diversas vías (físicas y digitales) con el propósito de transparentar las gestiones del Gobierno que, además, se adhirió al Convenio de Cooperación Interinstitucional Anticorrupción en el que participan la FiscaIía General, Contraloría General de Cuentas, Procuraduría General de la Nación, y las superintendencias de Bancos y de Administración Tributaria.
El Gobierno forma parte del Convenio Interinstitucional de Buena Gobernanza, junto a las anteriores instituciones y la Asociación Nacional de Municipalidades, con el propósito de que los esfuerzos contra la corrupción trasciendan el ámbito del Organismo Ejecutivo y abarquen al aparato estatal.
En los esfuerzos oficiales por la transparencia destaca la propuesta del nuevo Código de Ética y Probidad, en cumplimiento de los compromisos asumidos ante la ratificación de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Carta Iberoamericana de Ética e Integridad en la Función Pública.
La iniciativa, que sustituirá al código desactualizado de 2004, fomenta la integridad y el fortalecimiento de la probidad. Elaborada con apoyo del proyecto Justicia y Transparencia de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), contiene 43 artículos que incluyen normas de conducta y parámetros valorativos de observancia obligatoria para los servidores del Organismo Ejecutivo.
Por otra parte, con el apoyo de la Agencia Internacional para Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley, de la Embajada de Estados Unidos, la CPCC propuso un acuerdo gubernativo que obliga a toda persona vinculada con el Gobierno, incluidos los contratistas del Estado, a presentar una declaración de conflicto de interés.
También con asesoría especializada de USAID, la CPCC formula un diagnóstico de las unidades de control interno existentes en instituciones del Ejecutivo que, entre otras medidas, dispone acciones para optimizar el control sobre las 65 entidades y 243 mil servidores públicos, mientras que a través del Mecanismo de Rendición de Cuentas establece la obligación de las entidades de dar cuenta de su ejecución presupuestaria, gasto público y cumplimiento de la planificación en beneficio de la población.
