Fallo de la CC impulsa proveedores más transparentes para el Estado
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El pasado 17 de abril se publicó en el Diario Oficial el fallo definitivo de la Corte de Constitucionalidad (CC) que levanta la suspensión de una disposición relacionada con la identificación de las personas que se benefician de los negocios con el Estado, lo que fortalecerá la transparencia en las contrataciones públicas.
La resolución deja sin efecto la suspensión provisional del numeral II de la literal d) del artículo 9, “Sociedades Mercantiles” del Acuerdo Gubernativo Número 133-2024, reformado por el Acuerdo Gubernativo Número 208-2024.
Con ello se establece que, al momento de actualizar su registro en el Registro General de Adquisiciones del Estado (RGAE), las sociedades mercantiles deberán incluir “información sobre sus accionistas y sobre las personas físicas que, de forma directa o indirecta, poseen o ejercen el control efectivo final de la entidad. Esta información deberá ser presentada de manera formal, firmada y sellada por el órgano de administración de la sociedad mercantil”.
El objetivo de esta normativa es identificar a las personas físicas vinculadas a las empresas que proveen o buscan proveer bienes y servicios al Estado, y garantizar que quienes participan en las contrataciones públicas no incurran en las prohibiciones establecidas en la Ley de Contrataciones del Estado, las cuales incluyen: no estar al día en el pago de impuestos o del Seguro Social, contar con sentencias firmes por delitos, ser funcionarios o dignatarios de la nación, empleados bajo relación de dependencia, contratistas en los renglones 029 o 189, o haber financiado campañas políticas o electorales.
La sentencia reafirma que la identificación de beneficiarios finales persigue un fin constitucionalmente legítimo, el cual consiste en prevenir prácticas de opacidad, corrupción o simulación de la contratación pública, fortaleciendo la integridad del sistema.
Asimismo, la CC concluyó que no vulnera la inviolabilidad de los documentos y registros privados ni constituye una limitación a la libertad de industria o comercio que garantizan los artículos 24 y 43 de la Constitución Política de la República, puesto que la información requerida se proporciona de forma voluntaria, en el marco de un procedimiento administrativo específico, con una finalidad legítima de interés público y sujeta a reglas de confidencialidad.
Condiciones de certidumbre para los proveedores
El ministro de Finanzas Públicas, Jonathan Menkos Zeissig, declaró en la conferencia de prensa La Ronda que esta normativa forma parte de los esfuerzos por mejorar la calidad del servicio público, lo cual también implica contar con un conocimiento completo y detallado de los proveedores del Estado.
De esta manera, se generan condiciones de certidumbre que incentivan a más proveedores a ofrecer bienes y servicios de calidad, fortaleciendo así la gestión y el funcionamiento del Estado. En ese sentido, agregó que, a julio de 2025 y antes de la suspensión temporal de la normativa, cerca del 65% de los proveedores ya había presentado esta información.
También indicó que las empresas más exitosas del mundo, como Apple y Walmart han demostrado que conocer a profundidad a sus proveedores es una práctica clave para garantizar transparencia, trazabilidad y relaciones comerciales bajo estándares claros. Esta práctica es una ventaja competitiva que asegura confianza y eficiencia; por ello, el Estado también debe aplicarla, considerando que se trata de recursos públicos.
“Queremos saber, como ciudadanos, no solo el nombre de la empresa que provee bienes y servicios al estado, sino también el nombre de las personas que finalmente son las beneficiarias de estos negocios estatales”, aseguró.
Asimismo, afirmó que el Registro General de Adquisiciones del Estado, gestionado por el Ministerio de Finanzas Públicas, realizará los ajustes necesarios para solicitar esta información.
Para dudas o consultas sobre el RGAE puedes comunicarte al teléfono 2374-2822 o a los correos: consultasrgae@minfin.gob.gt / gestionesrgae@minfin.gob.gt
