Gobierno presenta nueva ley antilavado de dinero para fortalecer el sistema financiero y combatir la criminalidad
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Guatemala dio un paso clave hacia el fortalecimiento de su institucionalidad financiera con la presentación oficial de la iniciativa de Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo, identificada con el número 6593. Esta normativa representa un esfuerzo para modernizar el marco legal vigente, actualizar los estándares de prevención y represión de delitos financieros, y garantizar una mayor transparencia en la economía nacional.
El ministro de Finanzas Públicas, Jonathan Menkos, destacó que esta ley será uno de los legados más importantes del gobierno del presidente, Bernardo Arévalo. “Se trata de una modernización profunda de la institucionalidad guatemalteca. No solo busca alinear la normativa a los estándares internacionales, sino también proteger la solidez del sistema financiero y avanzar hacia la obtención del grado de inversión para Guatemala”, aseguró durante la conferencia de prensa La Ronda.
Menkos detalló que esta iniciativa responde a recomendaciones emitidas por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) tras la evaluación realizada en 2016, en la que se identificó la necesidad de actualizar la legislación nacional para cerrar vacíos legales, mejorar la trazabilidad de los recursos y prevenir delitos como el narcotráfico, el crimen organizado y la corrupción. Desde 2024, se ha recibido el apoyo y aportes del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Un marco legal renovado y más potente
El ministro explicó la necesidad de actualizar, fortalecer y unificar el régimen administrativo preventivo y la represión del lavado de dinero u otros activos y del financiamiento del terrorismo en un solo instrumento jurídico, haciendo referencia a las regulaciones contenidas en los Decretos 67-2001 y 58-2005, sobre el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, respectivamente, marcos normativos que tienen entre 20 y 25 años de haber entrado en vigencia.
La nueva ley está compuesta por 126 artículos divididos en seis títulos, que incluyen:
- Disposiciones generales
- Del régimen administrativo preventivo de personas obligadas
- Del marco institucional
- De la represión del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo
- De las reformas legales
- Disposiciones transitorias y finales
Uno de los ejes centrales de la propuesta se basa en fortalecer el enfoque de riesgo, orientado a evitar que el lavado de activos se produzca, y no solo a castigar sus efectos. Para ello, se exige a los sujetos obligados (tanto públicos como privados) la implementación de nuevos procedimientos, controles internos y políticas de cumplimiento, con especial énfasis en la identificación del beneficiario final de las operaciones financieras.
Prioridad nacional
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, calificó la iniciativa como una prioridad nacional. “Esta ley es parte de nuestro compromiso con un Estado moderno, eficiente y libre de corrupción. Queremos que Guatemala inspire confianza, tanto dentro como fuera del país. Esta iniciativa no solo protege nuestra economía, sino que abre las puertas a nuevas oportunidades de inversión y cooperación internacional”, afirmó.
Además, el director ejecutivo de la Comisión Nacional Contra la Corrupción, Julio Flores, enfatizó en que esta ley es un paso clave para construir un Estado más transparente y eficiente. “La lucha contra el lavado de dinero también es una lucha contra la impunidad. Esta ley permitirá cerrar brechas que han sido aprovechadas por estructuras criminales”, resaltó.
Por su parte, el superintendente de Bancos, Saulo de León, expresó que esta reforma integral otorgará a la Superintendencia de Bancos herramientas más robustas para supervisar a los sujetos obligados y garantizar que las entidades financieras cumplan con sus obligaciones en materia de prevención de lavado y financiamiento al terrorismo.
El ministro de Finanzas Públicas reiteró su disposición para dialogar ampliamente con los distintos actores del Congreso, sociedad civil y medios de comunicación, a fin de enriquecer el proceso legislativo y asegurar la pronta aprobación de una ley que es vital para el desarrollo económico y democrático del país.
