Gobierno presenta nueva ley contra el lavado de dinero para fortalecer el sistema financiero y combatir la criminalidad
Por Evelyn Guzmán
El Gobierno de Guatemala presentó al Congreso de la República la iniciativa de Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo, identificada con el número 6593.
El ministro de Finanzas Públicas, Jonathan Menkos Zeissig, destacó que esta ley será uno de los legados más importantes del gobierno del presidente, Bernardo Arévalo. “No solo busca alinear la normativa a los estándares internacionales, sino también proteger la solidez del sistema financiero y avanzar hacia la obtención del grado de inversión para Guatemala”, aseguró en la conferencia de prensa "La Ronda".
Menkos detalló que esta iniciativa responde a recomendaciones emitidas por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) tras la evaluación realizada en 2016, en la que se identificó la necesidad de actualizar la legislación nacional para cerrar vacíos legales, mejorar la trazabilidad de los recursos y prevenir delitos como el narcotráfico, el crimen organizado y la corrupción.
Un marco legal renovado y más potente
El ministro explicó la necesidad de actualizar, fortalecer y unificar el régimen administrativo preventivo y la represión del lavado de dinero u otros activos y del financiamiento del terrorismo en un solo instrumento jurídico. Hizo referencia a los Decretos 67-2001 y 58-2005 sobre el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, marcos normativos que tienen más de 20 años de haber entrado en vigor.
La nueva iniciativa está compuesta por 126 artículos y seis títulos. Uno de sus ejes centrales de la propuesta es ampliar el universo de sujetos obligados (públicos y privados) con mayores controles y fortalecer el enfoque de riesgo.
Para garantizar la actualización, se requieren reformas de leyes como:
• Código Penal
• Código de Comercio
• Código de Notariado
• Ley contra la Delincuencia Organizada
• Ley que regula los Servicios de Seguridad Privada
Además, la propuesta incorpora disposiciones que buscan fortalecer la transparencia en las contrataciones públicas y asegurar una mayor trazabilidad en el origen y destino de los fondos públicos. Por ello, se incluyen a personas y entidades que participan en procesos de adquisiciones del Estado.
Principales aspectos de la iniciativa
- Fusiona las regulaciones de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo.
- Mejora y fortalece el enfoque de riesgo (identificación, evaluación y mitigación) y debida diligencia del cliente.
- Se robustece el régimen administrativo preventivo.
- Exige nuevos procedimientos internos obligatorios, así como responsables en entidades públicas y privadas (oficial de cumplimiento).
- Moderniza y amplía el universo de sujetos obligados, con mayor control para saber quién está detrás del dinero.
- Actualiza delitos de lavado de dinero u otros activos; de financiamiento del terrorismo; y, de trasiego de dinero.
Prioridad nacional
El presidente Arévalo calificó la iniciativa como una prioridad nacional. “Esta ley es parte de nuestro compromiso con un Estado moderno, eficiente y libre de corrupción. Queremos que Guatemala inspire confianza, tanto dentro como fuera del país. Esta iniciativa no solo protege nuestra economía, sino que abre las puertas a nuevas oportunidades de inversión y cooperación internacional”, afirmó.
Además, el director ejecutivo de la Comisión Nacional contra la Corrupción, Julio Flores, enfatizó en que esta ley es un paso clave para construir un Estado más transparente y eficiente. “La lucha contra el lavado de dinero también es una lucha contra la impunidad. Esta ley permitirá cerrar brechas que han sido aprovechadas por estructuras criminales”, resaltó.
Por su parte, el superintendente de Bancos, Saulo de León, expresó que esta reforma integral otorgará a la Superintendencia de Bancos herramientas más robustas para supervisar a los sujetos obligados y garantizar que las entidades financieras cumplan con sus obligaciones en materia de prevención de lavado y financiamiento al terrorismo.
El ministro de Finanzas Públicas reiteró su disposición para dialogar ampliamente con los distintos actores del Congreso, sociedad civil y medios de comunicación, para enriquecer el proceso legislativo y asegurar la pronta aprobación de una ley que es vital para el desarrollo económico y democrático del país.
