Modernizar y descentralizar, desafíos entrelazados para la SCEP

Ciudad de Guatemala, 17 de julio. La modernización del Organismo Ejecutivo comienza en los territorios, en los cuales se debe fortalecer las capacidades de gestión de los gobiernos departamentales, mejorar la coordinación interinstitucional y consolidar los espacios de diálogo entre el Organismo Ejecutivo y los diferentes actores en los departamentos.

De esta forma se condensan los objetivos del proyecto Modernización del Organismo Ejecutivo para fortalecer la gobernanza participativa y el desarrollo sostenible en los territorios, el cual es explicado en esta entrevista por Claudia Calderón, subsecretaria para la Descentralización de la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia (SCEP).

La subsecretaria Calderón tiene más de 17 años de experiencia en el diseño e implementación de programas y proyectos de desarrollo social, gestión pública, gobernanza local, transparencia y rendición de cuentas. Es magíster en Gestión Pública y Liderazgo, y licenciada en Ciencia Política y Relaciones Internacionales.

P.  ¿En qué consiste el proyecto Modernización del Organismo Ejecutivo para fortalecer la gobernanza participativa y el desarrollo sostenible en los territorios?

R.  Este proyecto es parte de la Agenda Nacional de Modernización del Organismo Ejecutivo. Nosotros, como Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, junto al Ministerio de Gobernación y la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, tenemos a nuestro cargo el pilar cuarto de la agenda, enfocado en la transformación del territorio, que se traduce en la meta presidencial de Gobiernos Departamentales.

Se trata de un esfuerzo que, con el apoyo de la cooperación internacional, viene a complementar las iniciativas que ya impulsa el gobierno a través de asistencia técnica.

El proyecto tiene tres objetivos específicos: fortalecer las capacidades de gestión de los gobiernos departamentales, mejorar la coordinación interinstitucional en los territorios —siendo éste uno de los mayores desafíos — y consolidar los espacios de diálogo entre el Organismo Ejecutivo y los diferentes actores en los departamentos.

La finalidad es que los Gobiernos Departamentales se conviertan en una plataforma de seguimiento, gestión y respuesta a los compromisos del Ejecutivo en los territorios.

P. ¿Qué papel juega este proyecto para mejorar esa coordinación y por qué es tan importante trabajar de manera articulada en los territorios?

R. A través de la asistencia técnica vamos a desarrollar dos propuestas estratégicas para consolidar esta iniciativa. La primera consiste en fortalecer la articulación entre el Sistema de Consejos de Desarrollo y la Agenda Estratégica de Desarrollo Departamental, que permita orientar de mejor manera la inversión pública en los territorios.

La segunda propuesta es crear un mecanismo de articulación territorial que responda al trabajo interinstitucional, enfocado en una visión estratégica de cada departamento.

Trabajar de forma articulada es fundamental para el desarrollo, porque la población necesita respuestas integrales. Con intervenciones aisladas no obtenemos los resultados esperados; en cambio, cuando las instituciones coordinan esfuerzos, se optimizan los recursos y el gobierno puede llegar a las comunidades con acciones conjuntas y complementarias.

P. ¿Qué beneficios concretos podrán percibir las comunidades y las personas en los territorios gracias a esta modernización?

R. La modernización que impulsamos es integral. Más allá de las herramientas tecnológicas o la digitalización de procesos que se implementarán de forma progresiva, el corazón de este esfuerzo está en transformar la cultura de trabajo de las instituciones en las regiones.

Lo que buscamos es que los ministerios y las secretarías afiancen sus procesos internos para contar con equipos funcionales, ágiles y coordinados en cada departamento. Esto permitirá que las comunidades reciban intervenciones integrales, donde varias instituciones sumen capacidades.

Por ejemplo, ya no se tratará de que una sola institución llegue de forma aislada a una comunidad, sino de que entidades como el MAGA, el Ministerio de Economía, la SESAN, el MIDES, entre otras, unan esfuerzos para responder, en bloque, a las demandas del territorio. Gracias a ello, la ciudadanía tendrá un Estado más cercano y un Organismo Ejecutivo con una presencia unificada y eficiente.

P. ¿Qué aporta la alianza con la Unión Europea y el Programa de las Naciones Unidas para este proyecto y cómo fortalecerá el trabajo de las gobernaciones departamentales?

R. Esta alianza incorpora una importante línea de asistencia técnica, que fortalecerá directamente a las gobernaciones departamentales.

Se contempla un proceso de formación dirigido a los gobernadores y las gobernadoras, posteriormente a los gabinetes departamentales, con el objetivo de fortalecer sus capacidades de liderazgo, gestión y coordinación en los territorios.

Además, la asistencia técnica permitirá implementar mecanismos de seguimiento y monitoreo de las metas mediante tableros departamentales, que facilitarán evaluar el avance de las intervenciones.

Todo ello fortalecerá el rol de las gobernadoras y los gobernadores departamentales y responde a la visión impulsada por el presidente Bernardo Arévalo de consolidar una mayor presencia y coordinación del Ejecutivo en los territorios.

P. ¿Cómo contribuirá el proyecto a fortalecer la rendición de cuentas, la eficiencia institucional y la confianza de la ciudadanía en la gestión pública?

R. Al consolidar una presencia más articulada, transparente y permanente del Estado en las regiones, también se eleva el interés y la confianza de la ciudadanía por conocer qué se está haciendo, cómo se está haciendo y cuáles son los resultados.

Esto refuerza directamente los procesos de auditoría social y las iniciativas de rendición de cuentas que el Organismo Ejecutivo impulsa tanto a nivel central como territorial. Asimismo, el proyecto promueve canales de participación ciudadana activa, un elemento que consideramos fundamental para asegurar la transparencia, la eficiencia institucional y la legitimidad de la gestión pública ante la población.

P. Los Gabinetes Departamentales son pieza clave para la coordinación del Organismo Ejecutivo en los territorios. ¿Cómo avanza su instalación en los departamentos y qué papel desempeñan en la estrategia de modernización?

R. El proceso de instalación ha avanzado en cada uno de los departamentos priorizados, coordinados por los gobernadores y las gobernadoras; cuentan con una ruta de trabajo que permitirá avanzar en cada territorio.

Los Gabinetes Departamentales están llamados a ser el motor operativo de la modernización en el territorio; son el espacio donde los delegados de todas las instituciones del Ejecutivo coordinan, articulan y planifican para que, en el corto plazo, puedan implementar acciones conjuntas, rompiendo con los esfuerzos aislados del pasado y asegurando que las políticas nacionales se adapten a la realidad de cada departamento.

P. ¿Qué debe hacerse para crear nuevas prácticas institucionales que superen la fragmentación, la descoordinación y la excesiva concentración de la toma de decisiones en el nivel central?

R. Como lo ha señalado el presidente Bernardo Arévalo, todas las instituciones del Organismo Ejecutivo deben afinar sus procesos para contar con equipos funcionales en los territorios.

Para lograrlo se requieren cuatro acciones fundamentales: adaptar las normas y los procedimientos, actualizar las normas de conducta institucional, aprender nuevas formas de coordinación y desarrollar estrategias de integración, que no dependan de estructuras jerárquicas entre ministerios y secretarías.

P. ¿Cómo ayudará este proyecto a consolidar las experiencias de coordinación interinstitucional que ya se ha tenido?

Estas iniciativas ya representan buenas prácticas que pueden replicarse en otros departamentos. De hecho, el intercambio de experiencias entre gobernadores forma parte de las acciones contempladas por el proyecto y ya se ha realizado un encuentro con ese propósito.

Además, fortalecerán los mecanismos de diálogo entre los diferentes sectores sociales y los gabinetes departamentales, para que todos los actores puedan ser escuchados y contribuyan a retroalimentar los planes e intervenciones del gobierno en los territorios.

P. La siguiente etapa contempla ampliar esta estrategia a Zacapa, Jalapa, Baja Verapaz, Quetzaltenango y Huehuetenango. ¿Qué criterios se tomaron en cuenta para seleccionar estos departamentos y cuáles serán los principales desafíos para que el modelo tenga resultados exitosos?

Es un punto crucial. Estos cinco departamentos forman parte y responden al Acuerdo Agrario suscrito por el presidente Bernardo Arévalo, un espacio donde la SCEP tiene la responsabilidad de articular a las instituciones del Ejecutivo a través de los gabinetes departamentales.

Con esta expansión estamos dando estricto cumplimiento a un compromiso asumido por el gobierno con las organizaciones campesinas.

A diferencia de otras regiones que entran de forma regular en la meta presidencial de Gobiernos Departamentales, estos cinco departamentos representan un esfuerzo intensivo y específico de la SCEP para resolver demandas históricas, optimizar la presencia del Estado y demostrar que la articulación interinstitucional es la vía más efectiva para asegurar la paz social y el desarrollo rural integral.

¡Transfiriendo poder a la gente!