Viceministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda impulsa acciones clave para proteger a la población ante desastres

Durante un taller que reunió a representantes de diversas entidades públicas y de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR, por sus siglas en inglés), se analizó la necesidad de fortalecer el desarrollo urbano con enfoque en la prevención y preparación ante desastres naturales en Guatemala.

Uno de los temas más relevantes fue la importancia de contar con marcos de financiamiento nacional que apoyen la reducción del riesgo de desastres y el combate al cambio climático. Esto incluye la implementación de sistemas de alerta temprana, medidas de adaptación y acciones concretas para reducir los efectos negativos de los fenómenos naturales.

Durante el evento se resaltó el rol del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), como una de las instituciones que más ha contribuido a fortalecer la preparación del país frente a emergencias y al impacto del cambio climático.

"Estamos en pleno desarrollo de la Política de Desarrollo Urbano, y estos espacios de diálogo y trabajo conjunto son esenciales para avanzar hacia su formulación e implementación. La participación interinstitucional es clave para que las estrategias tengan un impacto real en la vida de las personas", afirmó Antonio Palencia, director de UDEVIPO, en representación del CIV.

Palencia también mencionó que se están integrando tres iniciativas importantes para apoyar este proceso:

• La actualización de la Política Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos,
• La Política Nacional de Desarrollo Urbano, y
• El Código de Construcción de Desarrollo Urbano y Vivienda, el cual ya muestra avances significativos.

Durante el taller se presentaron datos que evidencian el impacto económico de los desastres naturales en el país. Casos como la erupción del Volcán de Fuego, las tormentas Eta e Iota, y el ciclón Julia han causado daños por más de Q6.4 millardos en bienes privados y 2.8 millardos en bienes públicos, afectando especialmente la infraestructura vial y de vivienda.

Estas acciones buscan proteger mejor a la población guatemalteca, haciendo que las ciudades y comunidades estén más preparadas y seguras frente a futuras emergencias.