Destacan la unión de esfuerzos para el abordaje y fortalecimiento de la salud mental y los derechos humanos en Guatemala
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En un esfuerzo conjunto por promover atención humana e incluyente, se llevó a cabo el Encuentro “Salud Mental y Derechos Humanos: El rol esencial del Sector Justicia”.
El Ministerio de Salud participó en esta actividad que además reunió a jueces de la Cámara Penal y del ramo civil, representantes OPS/OMS, CONADI, COPADEH, representantes del Instituto de la Víctima, la Defensa Pública Penal y otras entidades del sistema de justicia del país.
El objetivo fue fortalecer las capacidades en la promoción de los derechos humanos de las personas con condiciones de salud mental, impulsando un modelo basado en la atención comunitaria y la inclusión.
La doctora Aracely Téllez, coordinadora del Programa de Salud Mental, destacó el avance en la profesionalización del personal de salud. Este proceso ha permitido capacitar a 650 médicos y 950 profesionales entre psicólogos, trabajadores sociales y enfermeras, fortaleciendo las competencias en salud mental.
“El proceso de descentralización ha sido un paso fundamental para acercar la atención en salud mental a la población. Desde 2021, el Programa de Salud Mental impulsó un protocolo que permitió trasladar medicamentos psiquiátricos del tercer al segundo nivel de atención. Hoy, 25 de las 29 Direcciones Departamentales de Redes Integradas de Salud ya cuentan con estos insumos, lo que evita que los pacientes viajen hasta el Hospital Federico Mora. Se garantiza un acceso equitativo y comunitario”, agregó Téllez.
Asimismo, Ingrid García, asesora de enfermedades no transmisibles y salud mental de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), subrayó que acompañan al país en los procesos de mejora y expansión de la atención en salud mental, “priorizando la desinstitucionalización y el respeto a los derechos humanos”.
Esta alianza estratégica refleja el compromiso conjunto de las instituciones de justicia, salud y cooperación internacional por construir un sistema de atención integral, sostenible y centrado en las personas, donde la salud mental sea reconocida como un derecho fundamental.
