Intervención del Ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, Embajador Carlos Ramiro Martínez Alvarado

Buenos días. Muchas gracias, señor presidente del Consejo Permanente, embajador Tomás Pascual, señor secretario general, señora secretaria general adjunta, honorables representantes de los Estados miembros y delegados.  Tengo el honor de dirigirme a este Consejo Permanente en nombre del Gobierno de la República de Guatemala y del señor presidente, Bernardo Arévalo de León. Agradezco profundamente la oportuna convocatoria a esta sesión extraordinaria del Consejo, solicitada por mi país para exponer la grave situación que se enfrenta en la nación y que amenaza la estabilidad institucional, la vigencia del orden constitucional y la continuidad del proceso democrático.

En los últimos días se han realizado una serie de actuaciones arbitrarias e ilegítimas por parte de operadores del sistema de justicia, de jueces y del Ministerio Público, orientadas a distorsionar los resultados de las Elecciones Generales de 2023, a desconocer la voluntad popular expresada en las urnas y a forzar la destitución de autoridades legítimamente electas por el pueblo guatemalteco, incluyendo diputadas, diputados, alcaldes, la vicepresidenta y el propio presidente de la República. 

El Gobierno de Guatemala manifiesta su profunda preocupación ante las resoluciones dictadas el 24 de octubre de 2025 por el Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal, mediante las cuales se pretendió declarar la supuesta “nulidad absoluta” de la inscripción del partido político Movimiento Semilla, pese a que el proceso electoral de 2023 fue legalmente concluido y oficializado por el Tribunal Supremo Electoral mediante el Decreto 5-2023. 

Estas acciones han sido declaradas improcedentes por la Corte de Constitucionalidad el día de ayer, resolviendo con lugar la acción constitucional de amparo planteada para la debida ejecución de la sentencia que la misma Corte había emitido el 14 de diciembre de 2023. En ese sentido, se advierte al juez para que, “en sus decisiones se abstenga de contravenir las disposiciones constitucionales o legales, en especial aquellas normas sobre las que descansa el sistema electoral democrático republicano representativo del Estado, ello tomando en consideración que actualmente los resultados del proceso electoral son inalterables”. Más aún, la sentencia de la Corte advierte al juez que se abstenga de incurrir en actos que pudieran caer en el delito de prevaricato, ya que considera que actuó fuera de su competencia, amenazando el orden constitucional. 

Advertimos que, aunque la sentencia de la Corte de Constitucionalidad detiene este reciente riesgo al orden democrático, se mantiene una reiterada amenaza al orden constitucional, vulnerando los principios de supremacía constitucional, independencia del Tribunal Supremo Electoral y de la separación de poderes. Además, la presidenta del Tribunal, en conferencia de prensa, declaró que los cargos electos no pueden anularse, ya que los resultados de 2023 están ratificados. Sostuvo que los cargos obtenidos por elección popular no podían ser anulados, ya que fueron validados por la Corte de Constitucionalidad y por la Corte Suprema de Justicia, por lo que aseveró que el proceso electoral concluyó legalmente y no podía revertirse.

Al mismo tiempo que resaltamos las reacciones positivas de la Corte de Constitucionalidad y el Tribunal Supremo Electoral, nos preocupa el peligro constante que plantean las acciones del Ministerio Público y de juzgados cooptados, como el que ya mencioné, que tienen como objetivo crear una crisis política y jugar a un proceso de desestabilización del Gobierno. Son de gran preocupación estas acciones. Como ejemplo, están los señalamientos espurios e inventados, hechos contra el Gobierno por parte del Ministerio Público, dentro del caso denominado Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), en el que se le vincula con supuestos negocios ilícitos, haciendo acusaciones absolutamente irresponsables. El Ministerio Público de Consuelo Porras mantiene abiertas 24 investigaciones por supuestos actos de corrupción en ministerios del gobierno del presidente Arévalo. Sin embargo, esa misma institución no ha mostrado avances en las más de 300 denuncias presentadas por el Ejecutivo contra la administración anterior. Esta contradicción pone en tela de juicio el papel del Ministerio Público, que actúa con sesgo político y utiliza su poder con el fin de desgastar a la actual administración.

Ayer mismo fue presentada otra acusación infundada en contra del presidente Arévalo y la vicepresidenta Herrera. Los hechos recientes configuran un intento grave de debilitar la institucionalidad democrática mediante el uso del derecho penal como herramienta de persecución política dirigida contra funcionarios y funcionarias públicas, personas defensoras de los derechos humanos, periodistas, líderes sociales y autoridades indígenas, con el propósito de revertir nombramientos de autoridades legítimamente electas y de obstaculizar el cambio de autoridades de justicia previsto para el próximo año.

Tal situación representa una amenaza directa a los principios consagrados en la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana, en particular aquellos relativos a la defensa del orden constitucional, la independencia de los poderes del Estado y la celebración de procesos electorales libres, justos y transparentes. En ese contexto, la noche del domingo 26 de octubre pasado, el presidente Arévalo, en cadena nacional, denunció las acciones promovidas por un grupo considerado criminal por el Ejecutivo, que “busca perpetuar la impunidad al ver su poder y su patrimonio mal habido amenazado por la justicia y que capturó las instituciones del Estado”, sometiendo a la cárcel, la tortura y el exilio a fiscales, operadores de justicia, periodistas, defensores de derechos humanos e incluso líderes indígenas. 

En su discurso del domingo pasado, el presidente mencionó dos casos relevantes de personas que se encuentran en prisión. Uno de ellos es el señor Luis Pacheco, viceministro de Desarrollo Sostenible y representante indígena que lideró las protestas en el 2023, así como José Rubén Zamora, un periodista premiado internacionalmente. Recordamos que desde el año 2023, este Consejo Permanente y la Secretaría General de la OEA han acompañado de manera constante los esfuerzos por fortalecer la democracia y han señalado con preocupación los abusos cometidos por actores del sistema de justicia que intentaron revertir los resultados electorales y socavar la voluntad popular. Este acompañamiento internacional ha sido esencial para mantener la democracia.

Cabe destacar que el Gobierno de los Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá, Colombia y el Reino Unido han impuesto sanciones a la fiscal general, a su círculo más cercano y a jueces responsables de resoluciones infundadas, lo que evidencia la preocupación compartida de la comunidad internacional frente a los intentos de revertir los resultados electorales y promover la impunidad en casos de gran corrupción. Asimismo, los informes de la misión electoral de 2023 y de la misión especial de observación de la elección de autoridades judiciales dan cuenta de los persistentes intentos por desestabilizar la democracia en Guatemala y alertan sobre la instrumentalización del poder judicial como mecanismo de presión política con el fin de inhibir la postulación de candidatos idóneos y de intimidar a los miembros de las entidades encargadas de evaluar los expedientes. En ese marco, deseo recordar que durante la visita realizada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en julio del año pasado, se formularon observaciones que expresaron la preocupación por el conjunto de acciones e interferencias indebidas y arbitrarias por parte del Ministerio Público avaladas por el Poder Judicial que amenazan con anular la voluntad expresada en las urnas.

Reconocemos el compromiso e importancia de los procesos que vienen y por eso estamos llamando la atención de este Consejo Permanente a los intentos de promover un golpe de Estado técnico en Guatemala bajo el asedio de la guerra legal o lawfare. Esto que estamos viviendo es un uso abusivo de las instancias judiciales, arropándose bajo una aparente legalidad. Ninguna institución está por encima de la voluntad popular y por ello condenamos el uso de lawfare como herramienta para deslegitimar gobiernos electos.

En este contexto, el Gobierno de Guatemala agradece el comunicado de la Secretaría General de la OEA en el que se expresa preocupación por los acontecimientos recientes en el país y se reafirma la importancia de preservar el funcionamiento de las instituciones democráticas con base en la Constitución y el Estado de derecho, así como el respeto a la voluntad del pueblo guatemalteco que en las elecciones de 2023, conforme a la observación electoral de la OEA, eligió libre y legítimamente al presidente Arévalo. El Gobierno de Guatemala valora el llamado de la Secretaría General a todos los actores nacionales para mantener la estabilidad y el diálogo institucional y reitera su disposición de continuar trabajando con esta organización en el fortalecimiento de la democracia, la transparencia y la justicia.

Agradecemos también los pronunciamientos que la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y países amigos han emitido en apoyo al orden democrático en mi país. Este respaldo solidario constituye una muestra clara del compromiso regional con la preservación de la institucionalidad, la voluntad popular y los principios consagrados en la Carta Democrática Interamericana, enviando un mensaje contundente frente a cualquier intento de socavar la democracia en nuestro país. El Gobierno de Guatemala reafirma su compromiso irrestricto con la democracia, el Estado de derecho y la lucha contra la corrupción.

Nuestro país ha iniciado un proceso profundo de recuperación institucional en el marco del respeto a la ley y a la voluntad soberana del pueblo guatemalteco. Meses atrás, Guatemala solicitó a la OEA el envío de una misión especial para el fortalecimiento de las instituciones democráticas, cuya tarea principal consiste en acompañar los procesos de elección de magistrados y magistradas del Tribunal Supremo Electoral, de la Corte de Constitucionalidad, de la Fiscalía General del Ministerio Público, así como de la Contraloría General de Cuentas, procesos previstos para el próximo año, con el objetivo de asegurar procedimientos transparentes, participativos y acordes con los principios democráticos y el Estado de derecho. Esperamos que este consejo permanente pueda respaldar y darle acompañamiento al trabajo de esta misión especial.

En este marco, destacamos la importancia de que la Organización de los Estados Americanos y cada uno de los Estados miembros continúe acompañando al pueblo y Gobierno guatemalteco en la defensa de la democracia, la separación de poderes y el respeto de los derechos humanos. Las elecciones del año próximo, en 2026, de distintas autoridades, como ya mencioné, magistrados del Tribunal Supremo Electoral, de la Corte de Constitucionalidad, el fiscal, el contralor, autoridades de la Universidad de San Carlos, que es la universidad nacional, entre otros cargos, son cruciales y representan una oportunidad para recuperar las instituciones que continúan bajo influencia de grupos corruptos. En 2026 nos vamos a jugar la democracia del país y tenemos la responsabilidad de asegurar que estas elecciones respondan a los intereses de la ciudadanía y no del sistema y mafias enquistadas.

La defensa de la democracia guatemalteca es hoy una causa hemisférica. Guatemala confía en la solidaridad de los Estados miembros de esta organización para garantizar que la voluntad soberana del pueblo, la justicia y la libertad prevalezcan sobre los intentos de autoritarismo e impunidad. 

Como lo señaló el presidente en sus recientes declaraciones, desde nuestra perspectiva lo que está en juego no es la actual administración o la permanencia de un partido político: lo que está en juego es el cimiento de la democracia, el respeto a la voluntad soberana del pueblo, la oportunidad de dejar atrás el régimen de corrupción que mi país ha sufrido durante décadas y construir esa nación que los buenos guatemaltecos anhelamos ser. Una Guatemala que reconozca la dignidad de todas las personas y nos permita así bienestar en democracia, en libertad y con transparencia. Bajo ese espíritu presentaremos un proyecto de declaración que refleje los temas abordados en esta sesión.

Este documento busca reafirmar el compromiso de nuestros Estados con la preservación del ordenamiento constitucional y democrático en Guatemala. El texto será compartido oportunamente con las delegaciones e invitamos a los Estados miembros a sumar su respaldo con miras a su adopción en la próxima sesión ordinaria de este Consejo programada para el 5 de noviembre del presente año. Muchas gracias por su atención.