FMI destaca resiliencia económica e insta a reformas estructurales
Por Geldi Muñoz
En 2025, la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) visitó Guatemala en dos ocasiones, en febrero para una visita exploratoria y en junio para realizar diálogos con las autoridades del Gobierno, el sector privado y la sociedad civil, en el marco de la revisión del Artículo IV.
En este proceso de evaluación, en septiembre, el FMI presentó el informe final con opiniones de los Directores sobre el entorno económico de Guatemala, el cual incluye recomendaciones que orientan las decisiones de política y mejora la transparencia.
El FMI reconoció que la administración del presidente Bernardo Arévalo tiene impulso, existe una percepción positiva sobre el ambiente económico y los negocios en el país, con un índice de confianza superior a 50 desde finales de 2023.
Se mantiene la estabilidad y resiliencia macroeconómica gracias a una gestión prudente:
- Crecimiento económico por arriba del potencial (4.0%, 2025).
- Baja inflación, dentro del rango meta (4% ±1).
- Deuda moderada (26–27% del PIB).
- Remesas: en 19% del PIB.
Lo destacado
Los directores enfatizaron que las prioridades clave de política para seguir apoyando la economía, se encuentran en tres áreas: gobernanza, supervisión financiera y fortalecimiento de la política fiscal.
En gobernanza, el diagnóstico del FMI es que persisten las debilidades estructurales. Se percibe un riesgo de corrupción y de captura institucional, con problemas de independencia judicial y de control sobre las transferencias a los CODEDE. Aunque se han creado instituciones como la Comisión Nacional contra la Corrupción (CNC) y mejoras en el Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional, el reto es asegurar la aplicación efectiva y evitar que los recursos destinados a la inversión social se desvíen o malgasten.
Por ello, se sugiere avanzar en la aprobación de las iniciativas de Ley de Beneficiario Final, la de Contrataciones Públicas, la de Protección de Denunciantes y la Ley contra el Lavado de Dinero.
En supervisión financiera, el diagnóstico es que el sistema bancario es sólido y bien capitalizado, pero muestra vulnerabilidades crecientes, sobre todo, en el crédito al consumo, que se expande con rapidez. Se requieren reformas legales y regulatorias para que dicho marco se establezca con estándares internacionales, ampliar el alcance a Fintech y cooperativas, y reforzar la capacidad de gestión de crisis.
Ante esto, el FMI recomienda:
I. Actualizar la Ley de Bancos y Grupos Financieros (2002).
II. Fortalecer los sistemas de alerta temprana y los mecanismos de resolución bancaria.
III. Mejorar la transparencia de la propiedad bancaria y reforzar la cooperación con supervisores regionales.
IV. Aprobar la ley de dinero electrónico y avanzar con la estrategia de inclusión financiera 2024–2027.
En política fiscal, el FMI subraya la pertinencia del plan macro-presupuestario propuesto por el Gobierno, así como los proyectos llevados a cabo en recaudación fiscal y mejora de la calidad del gasto y optimizar la política económica del país.
Dentro de las sugerencias del organismo resaltan en los ingresos fiscales, fortalecer la gestión de la SAT, considerando las recomendaciones del informe TADAT 2024. Por el lado del gasto, institucionalizar revisiones de gasto, integrar el Plan Nacional de Desarrollo al presupuesto, fortalecer el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) y adoptar las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (IPSAS, siglas en inglés) y la modernización digital de las finanzas.
La viceministra de Ingresos y Evaluación Fiscal, Patricia Joachín, indicó que “desde el MINFIN continuamos trabajando con el FMI en tres temas: uno, avanzar en los acuerdos sobre temas de gobernanza y de política fiscal, conversados en el marco de las reuniones anuales del FMI y BM, realizadas del 13 al 17 de octubre de 2025”.
“Dos, mantenemos un diálogo permanente con el Jefe de Misión del FMI, Alexander Culiuc, para la próxima evaluación prevista para febrero de 2026”.
Y tres, “avanzamos en la implementación de asistencias técnicas destinadas a mejorar la gestión de la deuda pública; y, fortalecer la calidad y eficiencia del gasto público, centrado en tres áreas: calidad del gasto, pensiones y masa salarial. Esta facilidad se denomina «Global Public Finance Partnership (GPFP)”.
