Instituto Guatemalteco de Migración presenta Protocolo de Atención a Personas en Flujos Migratorios Mixtos
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En un acto institucional de alto nivel, el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM), en coordinación con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), en el marco del Consejo de Atención y Protección (CAP) presentó oficialmente el Protocolo de Atención a Personas en Flujos Migratorios Mixtos, un instrumento estratégico orientado a fortalecer la respuesta del Estado guatemalteco ante los desafíos que plantea la movilidad humana en el país.
El evento contó con la participación de autoridades nacionales y representantes de organismos internacionales. Durante la ceremonia, se realizó la entrega formal del protocolo a la vicepresidenta de la República, señora Karin Herrera, en su calidad de Directora de la Autoridad Migratoria Nacional, por parte del presidente del CAP en representación del esfuerzo colectivo e interinstitucional que hizo posible la elaboración de este documento.
En sus palabras de apertura, Danilo Rivera, director general del Instituto Guatemalteco de Migración y presidente del CAP, destacó: “El protocolo responde a una necesidad concreta y urgente: definir con claridad los roles, funciones y mecanismos de coordinación entre las instituciones responsables, de manera alineada con el marco normativo nacional e internacional, así como con los principios rectores de la Política Migratoria Nacional, especialmente en el eje 1: Derechos humanos y personas en situación de vulnerabilidad”.
El protocolo fue aprobado por el CAP, validado por la Autoridad Migratoria Nacional (AMN) e incorporado oficialmente a la Política Migratoria de Guatemala. Su estructura contempla mecanismos operativos claros, un marco legal robusto y procedimientos diferenciados para la atención de personas en condiciones de vulnerabilidad, incluyendo solicitantes de asilo, personas refugiadas, y migrantes tanto regionales como extrarregionales.
Como parte de la agenda, la presentación técnica del protocolo estuvo a cargo de la Licda. Jennifer Chávez, Secretaria Técnica Interinstitucional del CAP, mientras que las palabras de cierre fueron pronunciadas por la Vicepresidenta de la República, Dra. Karin Herrera, quien señaló que bajo los principios de protección de los derechos humanos, seguridad personal, se crea un marco técnico y operativo que sistematiza rutas de atención y derivación incorporando alertas tempranas y orienta las intervenciones como a los actores involucrados.
Este instrumento constituye una herramienta clave para consolidar la respuesta institucional frente a los flujos migratorios mixtos que transitan por Guatemala, considerando su ubicación estratégica dentro del corredor migratorio centroamericano.
Durante el acto protocolario también participaron Stephanie Daviot, jefa de misión de la OIM en Guatemala, representantes de la AMN y miembros del CAP, quienes reiteraron su compromiso con la implementación efectiva del protocolo y con una cooperación continua para una migración segura, ordenada y digna.
Flujos Migratorios Mixtos y caravanas en cifras
Los Flujos Migratorios Mixtos rumbo a Estados Unidos conocidos comúnmente como caravanas migrantes iniciaron en octubre de 2018, cuando aproximadamente mil hondureños emprendieron un éxodo colectivo en busca de mejores condiciones de vida. Ese mismo año, se estimó que unas 16,496 personas, principalmente de Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua, formaron parte de estas caravanas.
En los años siguientes se registraron las siguientes cifras:
2019: 7,756 personas
2020: 6,259 personas
2021: 4,957 personas
2022: 632
2023 y 2024: No se reportaron grandes grupos organizados.
El éxito del protocolo apuesta a una implementación efectiva y del trabajo conjunto entre las instituciones del Estado y los aliados internacionales. Por ello, se hizo un llamado a sumar esfuerzos y capacidades, con responsabilidad y humanidad, para responder de forma coordinada a los desafíos que plantea la migración en la región.
El Instituto Guatemalteco de Migración reafirma su compromiso con la protección de los derechos humanos de las personas en contexto de movilidad, así como con el fortalecimiento de la gobernanza migratoria en el país. La adopción de este protocolo representa un paso firme hacia una atención más humanitaria, coordinada y eficiente ante los desafíos migratorios contemporáneos
